ALESSANDRO GANCI: 'Confrontación minera, la hora de la mediación'

AlESSANDRO GANCI: 'Confrontación minera, la hora de la mediación'

Confrontación minera, la hora de la mediación



Conflicto medio ambiental, hace referencia a procesos sociales, suscitados por el desacuerdo que genera la apropiación, distribución y utilización de los recursos naturales y la forma como la misma afecta a las comunidades.

Sus orígenes diversos, la insatisfacción de las necesidades básicas de las comunidades vecinas al proyecto, cosmovisiones diferentes entre originarios y ‘latinos’. Erróneas creencias asumen que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio (Ganar — Perder), necesidades de ‘mayor desarrollo’ en los términos concebidos por los núcleos de poder que a su vez, se resisten a aceptar los desacuerdos y disenso como algo normal en las relaciones sociales, inequidad extrema en la distribución de la riqueza y el contraste de papeles asumidos por el Estado, quien simultáneamente, desarrolla una misión política y una económica, por ser un actor institucional que produce normas jurídicas y un actor económico, que busca obtener mediante concesiones financiamiento a sus programas de gobierno. Finalmente, el desconocimiento institucional hacia las identidades culturales colectivas, construidas históricamente en nuestros territorios por comunidades indígenas y campesinas.

Lo más importante para iniciar la mediación es la buena fe. Buscar que todas las partes se sientan satisfechas y los resultados reditúen en un nuevo modelo de crecimiento económico, basado en la Ecología política que no es más que un gobierno con democracia participativa y desarrollo ecosostenible.

Debe elegirse un lugar ‘neutral’ y permitir una participación cuadripartita balanceada (comunidades originarias y campesinas, empresarios, clase política y sociedad civil). Se deberá contar con un equipo mediador multicultural, con conocimientos del medioambiente y un grupo asesor, que apoye técnicamente la toma de decisiones.

Un acuerdo duradero involucra responsabilidades de todos.

El Gobierno, con el apoyo de los organismos internacionales y sociedad civil, debe incrementar su capacidad para regular la industria y asegurar el respeto a los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente. Hay que considerar la revisión integral del Código Minero, así como las cláusulas abusivas de los contratos firmados, sujetas a remoción por arbitraje internacional.

Fortalecer a la Defensoría del Pueblo, para asegurar que ésta oriente de manera oportuna y transparente los reclamos relacionados a la minería, asegurar la independencia de la Autoridad del Ambiente, para que pueda operar sin una influencia política indebida.

Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades originarias y campesinas, a aceptar o no las formas de desarrollo propuesto para comunidades y considerar la firma del acuerdo 169 de la OIT, sobre los derechos de los pueblos indígenas (firmado por países con tradición minera como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Méjico). Respetando las formas de organización de las autoridades tradicionales, derogando normativas que se les contrapongan y asegurar una participación accionaria justa de las comunidades, con voz y voto en la junta directiva.

Negociar con los Estados, cuyas compañías invierten en Panamá, la transferencia tecnológica para actividades de sostenibilidad medioambiental como la silvicultura, el ecoturismo, y el reciclaje y regular por ley que todas las empresas extranjeras que inviertan en Panamá certifiquen y cumplan, no solo con los estándares nacionales, sino con los mismos requerimientos medio ambientales de sus países de origen.

Las compañías mineras, deberán cumplir con las guías internacionales para una minería responsable, otorgar información adecuada e independiente sobre los potenciales costos y beneficios del proyecto, dentro de la ‘Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas’ mineras. Dar a conocer cabalmente cuánto pagan al gobierno panameño en impuestos y otros derechos, así como los contratos en base a los cuales se realizan dichos pagos.

Las comunidades, solicitar a las autoridades una ‘Política de crecimiento verde’ y ‘Pobreza extrema cero’ a 20 años y capacitación técnica de sus miembros, que les permitan participar en la esfera laboral técnica y administrativa.

Conseguidos estos objetivos, el conflicto podrá redefinirse así, los minerales pueden constituir una fuente de riqueza para el país. Su explotación realizarse tomando en cuenta todas las medidas preventivas que mitiguen el daño ambiental y social.

Establecer las ‘Zonas intangibles’ que por su riqueza biológica, fuentes hídricas o conflictos sociales sean excluyentes de toda actividad minera.

Los procesos deben consensuarse, con las autoridades tradicionales que participarán activamente en la distribución de los beneficios.

A través de la mediación, un conflicto puede ser la fuente de nuevas oportunidades que solo podrán materializarse con la participación inclusiva, integral y honesta de todos los ciudadanos de nuestro querido país.

‘Salvaguardar el medio ambiente... Es un principio rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz...’, Kofi Annan.


ALESSANDRO GANCI*
concienciaciudadana09@hotmail.com
*MÉDICO — POSTGRADO EN MÉTODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS