El caso de la Procuradora

OPINIÓN

TEMORES
El caso de la Procuradora
RAFAEL PÉREZ JARAMILLO
opinion@prensa.com

Cuando se habla de corrupción se dice: “Es difícil probarla porque no se puede tomar la foto del corrupto recibiendo la coima”. ¿Quién iba a pensar que por lograr esa hazaña, te premiarían con tu despido y la amenaza de cárcel? Critiquen a Ana Matilde Gómez por mil cosas y si la quieren fuera busquen otras razones, pero esta… particularmente esta excusa, tiene que estar golpeando la conciencia del que la avaló, si cree en la lucha contra la corrupción.

Este caso se puede ver de distintos enfoques (jurídico, periodístico, etc.) pero, en mi opinión, el músculo que ha movido todo ha sido el político y económico, que quiere “meter preso” a un ex presidente. Aclaro algo. Fui el primero en publicar hace 10 años una investigación periodística sobre el mismo caso de los juegos de azar. Pero los poderes reales de la época, incluyendo el que hoy presiona para investigarlo, eran parte del sistema que lo impedía. Verbitsky dijo una vez: “La función de la prensa es poner los hechos en conocimiento de la gente. Si estos hechos implican la comisión de algún delito, son los fiscales los encargados de presentar la acusación para que los jueces absuelvan o condenen”.

¿Pero qué ocurría antes? No se abrían expedientes de oficio por lo que publicaban periodistas, y, si estos insistían, se abrían expedientes contra los ídem. Publiqué sobre la indemnización de los puertos, partidas circuitales y otros que ahora son exhumados y admito mi satisfacción porque yo había dado por perdidos mis esfuerzos. Pero la procuradora dice que ello debe hacerse con una cuidadosa labor probatoria, y el poder real prefiere la doctrina de “a lo bruto sí funciona”.

Veo dos peligros: uno, que se hagan tan burdas las investigaciones que den motivos para que los derechos humanos favorezcan a los investigados y, dos, que se politicen. Así como hace 10 años denuncié corrupción del PRD también lo hice con el arnulfismo (Banco Nacional, FIS, etc.) pero hoy sólo van contra unos. El tiempo dirá si en el Cemis y el FIS caerán corruptos de lado y lado, o el asunto será selectivo. El nuevo procurador, Giuseppe Bonissi, a quien conozco de los tiempos de la escuela italiana, me deja creer que si votó por el Dr. Miguel Antonio Bernal, como candidato en las elecciones pasadas (como también lo hice yo), es porque cree en la integridad y en las investigaciones serias, pero creo que tendrá respirándole en la nuca al mismo poder real que presionó a Ana Matilde quien, a mi modo de ver, por este caso de la grabación, dio un ejemplo de dignidad, con pocos precedentes en la historia de Panamá. Por eso le avisé cinco días antes de su separación que, si ello se daba, yo renunciaría.

Vuelvo a su separación. Si lo quieren llevar al plano jurídico la procuradora no cometió delito porque su intención era proteger al ciudadano de la corrupción. Es decir, no hubo dolo. Fíjense que su intención quedó demostrada porque, aún con la nulidad de esa prueba, el Tribunal Superior dijo que había otras pruebas (billetes marcados, etc.) que ameritaban llevar a juicio. Si quieren llevarlo al plano de los derechos humanos, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la intimidad puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas y arbitrarias; para verificar eso, deben cumplir con tres requisitos: Primero, deben estar previstas en una ley muy clara. Segundo, deben perseguir un fin legítimo, y tercero, deben ser necesarias en una sociedad democrática.

Examino cada punto: 1. En cuanto a la facultad prevista en una ley, en Panamá no se cumplió con el requisito de claridad desde la norma constitucional, al punto que la Corte dedicó 38 páginas en su fallo; en todo caso si esto llegara al sistema interamericano, una de las violaciones a Derechos Humanos por parte del Estado, sería por la vía de quienes legislaron, porque se incumplió con el artículo dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el “deber de adoptar disposiciones de derecho interno”, acordes con el mencionado pacto. Eso no se hizo con las reformas del año 2004.

¿Por qué si se pretendía quitar esa facultad a la Procuraduría, en lugar de permitir que el artículo dijera que las comunicaciones privadas pueden ser grabadas por “autoridad judicial”, no se puso con claridad que solo puede permitirlo “el juez o magistrado competente”? El propio fallo de la Corte cita la Constitución de Guatemala a donde se dice que lo puede hacer el “Juez competente”. Pero la forma en que se dejó provoca la discusión de juristas de renombre, y eso quiere decir que no hay claridad en lo que se reformó en 2004.

2. Sin duda alguna se perseguía un fin legítimo porque ¿quién no considera legítimo investigar la corrupción?

3. Finalmente, ¿es necesario combatir la corrupción en una sociedad democrática? Es obvia la respuesta. En ninguna parte del fallo de la Corte se dice que no se debió grabar (es más, dice que “puede darse”). Lo que se criticó es quién debía autorizar y ya sabemos que la única motivación de quien autorizó, era la firme convicción de hacer lo que la población quiere: descubrir la corrupción. Pero voy a salirme de lo jurídico para usar el sentido común. Si las encuestas son correctas, el pueblo no se ha dejado engañar. El 44% opina que la procuradora actuó correctamente al ordenar la grabación telefónica, un 28% dijo estar en desacuerdo y el 32% prefirió no opinar. Los encuestados no apoyaron su separación (54.8%), consideran que es una “mala movida política” (56%) y que su labor fue excelente o buena (67%) contra un 22.4% que la vio mala.

Creo que el pueblo ve el asunto con un sentido común parecido a este: te roban un equipo de sonido y ves al ladrón cuando huye. Lo sigues. Él se esconde en su casa, pero deja la puerta abierta. Tú entras, recuperas tu equipo y luego el ladrón te querella por allanamiento de su casa; tú no eres autoridad. Te ponen casa por cárcel y el ladrón se ríe de ti. Con esta lógica, después de Ana Matilde, siguen los ex magistrados Arjona y Troitiño por apología del delito. ¿Quién los mandó a salvar sus votos? En Panamá eso se ha convertido en delito.

Si los corruptos siguen arrestando a las autoridades que los persiguen, pronto viviremos en un país a donde el Centro de la Mujer Maltratada va a ser querellado y dirigido por Huracán Mosquera, la Ciudad del Niño por Herodes y la Escuela de Aviación por Bin Laden.

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